Se acabó el 2023 y el escandaloso contrato entre el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la empresa paisa Plaza Mayor para asumir los servicios logísticos, de planeación, ejecución, producción, operación y gestión de las fiestas populares de noviembre de 2022, devenido en ruidoso pleito, sigue sin resolverse.
En reunión de comité de empalme del gobierno saliente y entrante en el IPCC el director de esta entidad, Oscar Uriza, aseguró en diversas oportunidades que todo estaría finiquitado «en pocos días». No ha sido así, puesto que ha pasado mes y medio desde entonces y no hay solución a la vista. Entre tanto, los actores festivos siguen sin recibir los recursos a que tienen derecho por su trabajo y participación en los festejos, y el pleito queda como «herencia» injustificada para el gobierno del alcalde Dumek Turbay.
Uriza no ha respondido a los llamados que desde La Plaza y otros medios se le han hecho para saber que ha pasado últimamente con el caso, que fue debatido en el concejo distrital y podría representar un fuerte detrimento económico para las arcas de la alcaldía. El contrato se suscribió por $2.014 millones, se firmó el 3 de octubre de 2022 con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones SAS, pero al final se ejecutó por $2.680 millones, con una cifra adicional de 665 millones 759 mil pesos. Aun así, se dejaron de realizar numerosos eventos que estaban contemplados en el contrato.
Cuando se supo del contrato hubo rechazo generalizado no solo entre los miembros del sector cultural local, sino en toda la comunidad cartagenera que no encontraba explicación alguna a la entrega del manejo de sus fiestas más importantes a una empresa foránea, sin ningún vínculo ni conocimiento sobre el significado de esa manifestación festiva cartagenera. A pesar de ese rechazo y del ruido que despertó dicha contratación, Uriza siguió adelante y luego trató de justificarlo todo durante debate de control político en el concejo. El daño, sin embargo, ya estaba hecho y ahora no se sabe cuál será el final de ese embeleco que sigue levantando ampollas y más protestas de los actores festivos, a quienes se les adeuda unos $250 millones y se les «baila el indio» diciéndoles que el IPCC no les debe nada sino Plaza Plaza Medellín. Esta empresa tampoco responde. La única certeza hasta hoy es que se trató de uno más de los entuertos de la administración del alcalde William Dau, esta vez bajo la conducción del director del IPCC Oscar Uriza, a quienes los perjudicados actores de las fiestas pusieron el remoquete de «Pinocho».
