Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil de Cartagena, encabezada por el arzobispo de la ciudad Francisco Javier Múnera, se pronunció a favor de la continuación del proyecto de intervención del Canal de Dique, que estaría en peligro de verse paralizado ante la posición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de exigir licencia ambiental para darle continuidad a las obras. La posición se suma a la asumida por el alcalde de Cartagena Dumek Turbay y los gobernadores de Atlántico y Bolívar, Eduardo Verano de la Rosa y Yamil Arana, respectivamente, quienes rechazaron de plano tal exigencia y la consideraron un contrasentido.
Este proyecto se considera de interés regional, favorece a una amplia población de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre por donde pasa el canal, y es vital para la recuperación de la bahía de Cartagena afectada por la gran cantidad de sedimentos que le llegan desde esta arteria fluvial cada día.
El rechazo de las asociaciones cartageneras se conoció en las primeras horas de este martes 23 de enero y en ella le expresan a la ministra de ambiente y desarrollo sostenible María Susana Muhamad su preocupación por los atrasos que la exigencia del licenciamiento ambiental pueda ocasionar al proyecto de recuperación del canal, que consideran vital para una amplia subregión del Caribe colombiano.
La carta
El contenido de la carta a la ministra Muhamad es el siguiente:
Cartagena de Indias, D. T. y C., enero 23 de 2024
Doctora MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia
Ciudad
Asunto: Preocupación por los retrasos que puede tener el Proyecto del Canal del Dique al exigirse un cambio en el instrumento ambiental aplicable.
Apreciada Ministra,
Los abajo firmantes reconocemos al Gobierno Nacional por la adjudicación e inicio del Megaproyecto del Canal del Dique, que pretende la restauración ambiental de los ecosistemas degradados de la subregión y trae consigo inmensos beneficios sociales y económicos para las comunidades aledañas, la región y el país. De manera directa, es un proyecto que beneficiaría a cerca de 2 millones de personas en 19 municipios de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre.
En la actualidad las comunidades que habitan en el área de influencia del Canal del Dique están expuestas a las inundaciones provocadas por las crecientes del río y las lluvias. Este peligro está asociado al ciclo del agua, la elevación del nivel del mar, las modificaciones a las orillas, los cambios desde la rectificación del canal, los procesos meteorológicos, la poca capacidad del cauce con relación al agua que se desvía del Río Magdalena, y todo esto se agudiza con el cambio climático. De hecho, un décimo de las aguas del Río debe circular por un área 171 veces más pequeña que la cuenca que las produce (ONU Hábitat, 2017). Justamente, esta fue la principal problemática que originó el proyecto, siendo uno de sus objetivos el control de inundaciones y del nivel de aguas del canal.
También las ciénagas han perdido su capacidad amortiguadora debido a la desecación y las obstrucciones en los canales o caños de interconexión río-ciénagas. Como resultado, más caudal corre por el mismo cauce, el agua tiene menos espacio para explayarse, por lo que se eleva su altura y el nivel de desbordamiento se alcanza más frecuentemente. Es vital la regulación activa del ingreso de caudales al sistema, entre otros, porque la creciente renueva conexiones con las ciénagas y sus aguas, restaura ecosistemas y da más espacio para el levante de especies acuáticas, favoreciendo la actividad pesquera de la comunidad (ONU Hábitat, 2017).
Durante las épocas de sequía, el agua salada del Mar Caribe ingresa al Canal del Dique, afectando la calidad del agua dulce de uso doméstico y agropecuario de las comunidades, así como a la fauna y la flora. En mediciones realizadas por Cardique en 2016, se evidenció que en algunas zonas del Canal había presencia de salinidad, cuando en condiciones normales la salinidad superficial del Dique es de cero. Este fenómeno puede afectar gravemente a los acueductos de la región, y pone en alto riesgo la disponibilidad de agua potable para toda la ciudad de Cartagena de Indias. La construcción de las esclusas busca regular la dilución del agua de mar y del río y, por lo tanto, controla también la intrusión salina al Dique.
Entre tanto, se estima que los aportes de sedimentos del Canal del Dique a la Bahía de Cartagena se han incrementado en la última década en un 48% (BASIC, 2021). Y su impacto se ha extendido a la bahía de Barbacoas y a los arrecifes del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. La continua sedimentación ahoga los corales y estimula el crecimiento exagerado de algas (PNN, 2020).
El Canal del Dique también contribuye a la contaminación de estos ecosistemas con el vertimiento de metales pesados como cadmio, níquel, plomo, cobre, arsénico y zinc, adicionales a vertimientos de coliformes, excesos de nutrientes y la deficiencia de oxígeno (BASIC, 2021). Desde los años 80, se han evidenciado los cambios en la composición arrecifal debido a las descargas fluviales del Canal del Dique, explicado tanto por los sedimentos como por la calidad del agua (PNN, 2020). En este sentido, existe una sentencia de 2020 proferida por el Consejo de Estado que obliga a los gobiernos Nacional y Distrital, y a otros actores, a recuperar la Bahía de Cartagena.
La evaluación socioeconómica del proyecto contempla la generación de nuevas oportunidades: ahorro en costos por prevención de inundaciones catastróficas, desarrollo de actividades agrícolas por menor riesgo de inundación y las posibilidades de riego, ahorro en costos de transporte de carga, generación de empleo local en las obras previstas (estimado en 61.766 empleos directos e indirectos), mayor desarrollo de actividades turísticas en las zonas aledañas (actividades bioculturales, y para el caso de Cartagena, se proyecta mejora en la condición de playas), incremento de producción pesquera, disminución de emisiones de CO₂ (transporte fluvial vs. carretero), recuperación y mantenimiento de funciones ecológicas deseadas como el abastecimiento de agua para usos de la comunidad y garantía de recursos hídrico para los ecosistemas (ANI, 2021). La ejecución del proyecto es una oportunidad única para el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de las comunidades que habitan en las proximidades del Dique, pues se dinamizaría la actividad agrícola, la pesca, y el turismo ecológico y cultural.
Por lo anterior, como ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Cartagena de Indias, expresamos nuestra preocupación con respecto a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de exigir licencia ambiental para el desarrollo de este proyecto, toda vez que esta decisión podría extender hasta 30 meses la etapa de pre construcción debido al trámite administrativo a realizar.
Este atraso podría llevar a que la finalización de las obras se extienda más allá de marzo de 2029, tal y como se entiende a partir del acta de inicio y el cronograma vigente del proyecto. Según la demora del trámite que implique el tipo de licencia exigida, las obras podrían extenderse hasta finales de 2031 o inicios de 2032, generando demoras en la obtención de los beneficios ambientales, sociales y económicos anteriores.
Adicionalmente, existen predicciones científicas que indican que hay un 66% de posibilidades de que el planeta rompa el límite de aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados al menos un año de acá al 2027 (BBC, 2023), por lo que, a nivel mundial, los efectos del fenómeno del Niño y de la Niña podrían tener mayor impacto negativo en las zonas comúnmente afectadas. Es decir, las poblaciones que habitan la planicie adyacente al canal sufrirían mayores consecuencias por estas alteraciones meteorológicas.
Como ciudadanos consideramos que esta exigencia debió realizarse desde antes de llegar a la etapa de pre construcción del proyecto, toda vez que al realizarlo ahora genera atrasos no previstos en el desarrollo del proyecto. Es importante recordar que en 2017 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió una resolución en la que aprobó el plan hidrosedimentológico presentado por Cormagdalena. Exigir en estos momentos licencia ambiental para el desarrollo del proyecto implica generar un atraso adicional en la ejecución de esta, demorando la obtención de los beneficios que este proyecto tiene para la comunidad de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Los firmantes suscriben esta carta el día 22 de enero de 2024 en la ciudad de Cartagena de Indias, D.T.y C.
Firman:
Monseñor Francisco Javier Múnera – Arzobispo de Cartagena
Mayra Rodríguez Osorio – Presidenta de Diálogo Social
Jaime Hernández Herrera – Presidente del Concejo Gremial
Antonio Cantillo Bustillo – Federación de Trabajadores de Bolívar
Carlos Gedeón Juan – Presidente Nacional de Fenalco
Andrea Piña Gómez – Presidente Ejecutiva Cámara de Comercio
Marta Lucia Noguera – Cotelco
José Ramírez García – Pte. Federación Juntas de Acción Comunal
Carlos Monroy – Presidente de Asotelca
John Fredy Herrera – Presidente Asociación de Tenderos
Eliana Salas Barón – Directora Cartagena Como Vamos
Mónica Fadul Rosas – Gerente Fenalco Cartagena
Francisco Hernández – RIESCAR
Héctor Trujillo Vélez – Coordinador Diálogo social
Representamos a 130 Fundaciones o asociaciones unidas en este nuevo conglomerado de la sociedad civil, en permanente crecimiento.
Quedamos sujetos a su agenda. Cordial saludo.
