El pasado domingo 25 de febrero de 2024, el cuerpo editorial de El Universal de Cartagena, nuestro principal medio de prensa escrita fundado bajo los principios liberales y nacido en medio de los frecuentes estados de sitios del convulso siglo XX se fue lanza en ristre contra las posibles reformas que se pretenden al Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia (SGSSS).
Para tal efecto el grupo editorial del rotativo parte de presumir que las reformas planteadas destruirán el actual sistema de salud en Colombia el cual pasaría a ser asumido por un “Estado ladrón”. Para justificar esta tesis, el o los editorialistas se soportan en tres argumentos principales: razones legales, de inconveniencia y la experiencia que nos deja la historia arrojada hace unas pocas décadas; bajo esta última premisa muchos recordamos episodios que fueron visibles en la década de los ochenta cuando se mostró al “Estado” (y con ello a sus funcionarios) como ineficiente y corrupto. No en vano en la década siguiente se introdujeron nuevos modelos en la gestión pública colombiana los que asociados al modelo neoliberal que propugnaba por un Estado más pequeño, hicieron posible la tercerización de bienes y servicios públicos a través de la participación activa de la empresa privada; fruto de ello vimos cómo entre el Gobierno y el Congreso se asociaron para parir normas tales como la Ley 100/93 (en seguridad social), Ley 80/93 (en contratación estatal) y la Ley 142/94 (en servicios públicos domiciliarios) solo por tomar unos ejemplos. Estas normas tenían un denominador común: hacer funcionar al Estado como un relojito y romper con la paquidermia enquistada por el exceso de tramites dentro del modelo burocrático.
Treinta años después de aquella irrupción del sector privado en los asuntos públicos hay suficiente evidencia estadística que nos permite inferir que efectivamente se han mejorado las cifras de cobertura y asistencialismo referente a determinados servicios públicos y eso hay que aplaudirlo. Sin embargo, también se observa en estos treinta años que parte de la población colombiana se ha quejado por el acceso efectivo y la falta de calidad de determinados bienes y servicios, como en materia de salud, vivienda, educación, servicios públicos domiciliarios, lo que también implica que se pueda hacer una revisión de fondo.
Por ello creo que el asunto debe ir más allá de satanizar uno u otro modelo, ya sea el de privatizar, tercerizar, el de estatizar o el de hacerlo mixto; por eso utilizar la expresión “Estado ladrón” puede resultar problemática, no solo porque con ella solemos personificar con epítetos a los entes, entidades, empresas, instituciones, como si ellos actuaran solos, sino también por que solemos generalizar el comportamiento de un gremio, un grupo, o un sector del que se hace parte ocasionando una posible injusticia cuando hay personas dentro de ese gremio que hacen bien su trabajo; como cuando hablamos mal de la iglesia porque un cura se robó el diezmo o cuando hablamos mal de la policía porque uno de sus miembros abusó de su poder.
Sin tener que hacer un recorrido por las teorías contractualistas que perfilaron al Estado moderno, creo que el Estado al final es como una máquina que se creó para ser puesta en funcionamiento por seres humanos quienes dependiendo de tal o cual régimen político van a representar en mayor o menor grado los intereses generales. El Estado es como una máquina que manejan los humanos; a veces funciona bien, otras veces regular y otras mal; su funcionamiento depende de varios factores: la pericia del piloto, su experiencia, preparación, aptitud, pero también la maquina puede requerir arreglos, repuestos, en fin, reformas para funcionar bien.
En suma, creo que la expresión “Estado ladrón” pudo resultar un poco ofensiva, aún bajo el supuesto que se quisiera estatizar, no solo porque no podemos asegurar que ello sea un fracaso, sino porque el Estado pequeño o grande siempre ha funcionado con seres humanos, y ello podría presumir que un Estado siempre estará lleno de ladrones.
Guarrú: El pasado domingo 25 de febrero también en El Universal salió una muy buena columna con un título que también podríamos recomendarle al cuerpo editorial sobre el tono utilizado: “bájale dos”.
