Padeciendo la arbitrariedad de un alcalde
En abril de 1779 Pedro Romero fue víctima del arbitrario desalojo de su taller de herrería por parte de uno de los alcaldes ordinarios. En el contexto de esos años ese hecho se alineó con otras circunstancias que lo convirtieron en un personaje público en Cartagena de Indias. Su apresamiento se constituyó en motivo de enfrentamientos entre las distintas autoridades de la ciudad debido a que se realizó de forma ilegal, por lo que el pleito llegó hasta la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá.
La arbitrariedad se cometió en medio de unas tensiones entre las autoridades civiles y la oficialidad militar por motivo del fuero militar otorgado a los milicianos de color, conflictos en los que se vieron inmiscuidos los libres de color. Así se crearon las condiciones propicias para que el arbitrario desalojo y apresamiento convirtieran a Romero en un personaje de la ciudad, lo que quizá fue aprovechado por los militares que tenían continuos enfrentamientos con las autoridades civiles.
En ese momento contaba con 23 años y tenía su taller en la accesoria N° 9 de la acera sur de la calle de Nuestra Señora de la Amargura, en lo que hoy son los patios de la casa del Marqués del Premio Real (SENA). Esta accesoria y las contiguas eran propiedad de don José López Tagle y Ortiz, hombre prestante.
En la acera del frente de estos talleres, en 1778 don Francisco García del Fierro, alcalde ordinario interino de la ciudad, adquirió una casa alta para su morada. El constante tintineo de los martillos sobre los yunques, los olores y humos expelidos por los hornos y el ruido de las fraguas, debió desesperarlo hasta el punto de que desde finales de marzo de 1779 empezó a presionar a los artesanos para que desocuparan los 3 locales sedes de sus talleres.
De los tres artesanos Pedro Romero fue el más perjudicado, pues los artesanos vecinos permanecieron en sus locales debido a que eran españoles y milicianos protegidos por el fuero militar. Pedro Romero carecía de este, y, por tanto, estaba bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria.
El 7 de abril fue desalojado por orden del alcalde sin previo proceso judicial y sin consultar al propietario de las accesorias-talleres. El 17 de ese mes el propietario de la accesoria se quejó ante el gobernador Juan Pimienta, e inmediatamente este ordenó que Romero se mantuviera en su lugar de trabajo. Pese a esta orden, no regresó a su taller y lo reabrió el 27 de abril. Ese día el otro alcalde ordinario de la ciudad, ordenó que se le “…llevara preso amarrado a la real cárcel, que, aunque en estos términos no se verificó fue porque como hombre de vergüenza y honrado por redimir en alguna parte su vejación, suplicó se le condujera suelto”.
El 6 de mayo el gobernador de la provincia y las autoridades judiciales liberaron a Pedro Romero, obligaron al alcalde Francisco García del Fierro a pagar las costas del proceso judicial y a indemnizarlo por los días que tuvo cerrado su taller dejando de percibir ingresos. En 1779 debió ingresar a las milicias disciplinadas (si hubiese pertenecido a estas no hubiese sido detenido por las autoridades ordinarias pues lo hubiese protegido el fuero militar), condición con la que aparece en censo de artesanos del barrio de Santa Catalina de 1780.
El contexto político y social y las consecuencias del apresamiento de Pedro Romero
Las circunstancias en las que se desarrolló este pleito convirtieron a Pedro Romero en una persona de fama pública y lo erigieron en un símbolo entre los sectores de artesanos de la ciudad. En efecto, el arbitrario encarcelamiento de Pedro Romero suscitó enfrentamientos entre los alcaldes ordinarios y los procuradores administradores de justicia y el gobernador de la plaza, quienes acusaban a los primeros de haber procedido de forma arbitraria y sin atenerse a lo que estipulaban las normas jurídicas. También intervino el propietario del inmueble en que estaban localizados los talleres, demandando a los alcaldes. De igual forma, tomó parte en el asunto la Real Audiencia radicada en Santa Fe de Bogotá. Y detrás de todo esto y mirando con sumo interés el desarrollo de los sucesos, estaba la alta oficialidad militar que venía midiendo fuerzas con la elite local en torno a la implementación de la reforma militar que sacaba a buena parte de los hombres de la jurisdicción y los controles de esta última.
De otra parte, lo que también estaba en el centro del conflicto era el intento de reformar el peso de las costumbres que durante dos y medio siglos habían determinado el uso de los espacios de la ciudad y la distribución de los talleres artesanales por todas las calles y barrios. Una mirada al censo de 1777 y al de artesanos de 1780, muestra que gente de todas las condiciones sociorraciales y oficios, esclavos, pulperos y jornaleros vivían distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad.
Y, por último, con la creación de las milicias disciplinadas en 1773 se desataron los nudos de las diferentes representaciones sobre la configuración sociorracial de la sociedad que tenían distintos sectores sociales, el lugar que cada sector reclamaba en ella y como se veían las diferentes franjas sociales. Por esos años los oficiales pardos mostraron sus inconformidades porque la oficialidad blanca los maltrataba. Por ejemplo, en 1773 hubo un fuerte enfrentamiento entre las autoridades ordinarias y las militares por impedir el comandante de artillería de Cartagena que un miliciano artillero pardo fuese puesto en prisión por motivo de incumplimiento del pago de una deuda con un particular. El pleito, que también involucró al maestro mayor de pintura de la ciudad y capitán de la compañía de artilleros artistas milicianos pardos, escandalizó a las autoridades ordinarias.
Pues bien, en el centro de la conjunción de estas situaciones estuvo Pedro Romero. Su prisión evidenció tanto las arbitrariedades de algunos sectores del poder como también el ensañamiento que tuvieron contra humildes hombres de color. Aunque el proceso judicial no lo diga pues solo recoge las voces de los alcaldes, del gobernador, de los procuradores y del propietario de las accesorias, entre líneas se puede entender que Pedro Romero resistió en forma no violenta, quizá solo argumentando sus derechos, lo que le valió la cárcel durante 19 días, debido a que el alcalde Francisco García del Fierro lo declaró en desacato.
Pocos años después, desde 1786, Pedro Romero ya era el contratista del apostadero y se encargaba de producir todo lo relacionado con la herrería, fundición, cerrajería y armería. Este contrato lo mantuvo hasta 1810. Para finales del siglo XVIII ya gozaba de reconocimiento social en la ciudad. Tanto por su dedicación al trabajo, por su estilo de vida, su condición económica y su ascendencia sobre los sectores artesanales y plebeyos de la población, se le reconocía como un hombre de respeto.
En 1810, Andrés de Oribe, comandante del arsenal-apostadero de la marina, en la presentación del expediente elaborado por Pedro Romero para que se le dispensara la condición de pardo a su hijo Mauricio José y se le permitiera optar por títulos universitarios, anotó: “… reiterando a Vuestra Excelencia mi suplica acerca de este digno artesano, pues su conducta, modales y conocimientos, no comunes que posee de su profesión lo hace recomendable […]”. Y en ese año José Ignacio de Pombo, comerciante y hombre ilustrado, escribió lo siguiente sobre Romero:
Tenemos en el maestro Pedro Romero, y en su hijo Esteban, dos artistas inteligentes en este género [la herrería], o mejor diremos, dos hombres extraordinarios, que la fuerza de su ingenio y aplicación los ha elevado a un grado de perfección y delicadeza, verdaderamente admirables: que son capaces de formar otros artesanos igualmente perfectos en sus talleres […] y que por todas estas consideraciones son acreedores a la protección del gobierno.
Una paradoja quiero resaltar de esta experiencia de prisión en 1779 que vivió Pedro Romero. 33 años más tarde, en 1812, él, y Francisco García del Fierro, hijo del alcalde que arbitrariamente lo puso en prisión, se sentaban como representantes de Cartagena en es Convención constituyente. Ahora asistían a esa convención en condición de iguales, como ciudadanos, con el propósito de redactar una ley marco que regulara las relaciones entre las personas y entre estas y las instituciones republicanas.
