Si algo caracteriza la historia de la Universidad de Cartagena es el continuo déficit presupuestal. Cuando se creó sus ingresos fueron establecidos por una ley de marzo 18 de 1826, la que le asignó las rentas producidas por censos y capellanías que usufructuaban los conventos suprimidos (San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, La Merced y San Diego) por tener menos de ocho religiosos. Además, los bienes que beneficiaban al Seminario San Carlos Borromeo también pasaron a formar parte de los ingresos de la Universidad. Se suponía que el producto de los réditos (5% anual) de los bienes que estaban gravados con censos garantizarían el normal desarrollo de la vida financiera de la Universidad.
Los problemas financieros empezaron a evidenciarse desde la década de 1840 en adelante cuando se crearon otras instituciones locales (Casa de Beneficencia, Hospital de Caridad y Academia del Bello Sexo) y cuando el Seminario San Carlos Borromeo fue separado de la Universidad. Como los bienes inmuebles gravados con censos no eran propiedad de la Universidad y como en 1840 el gobierno nacional otorgó potestad a los gobiernos de las provincias para decidir sobre el destino de estos, los gobernantes pretendieron que los ingresos producidos por esos bienes también sirvieran para el mantenimiento de las instituciones mencionadas.
Para mostrar que era una falacia suponer que el producto anual alcanzaría para todas las instituciones mencionadas, en 1842 el Síndico-cobrador de la Universidad señalaba que las deudas por réditos ascendían a la suma de 201.857 pesos, difíciles de recaudar porque una ley de ese año complicó los cobros por vía ejecutiva. Además, la ciudad empezaba a manifestar síntomas de crisis (estancamiento y decrecimiento de la población, emigraciones, decadencia económica) y, por tanto, muchos propietarios de los inmuebles gravados no tenían como pagar los réditos anuales.
Años más tarde uno de los presidentes del Estado Soberano de Bolívar denunciaba ante la Asamblea Legislativa de esta entidad territorial los procedimientos aplicados por los propietarios para no pagar los réditos anuales:
“La pobreza a que han quedado reducidos varios propietarios en esta ciudad, les viene compeliendo desde años atrás, a disponer con ilicitud de las fincas de que son dueños, i en las cuales se hallan impuesto algunos capitales a censo. Como la enajenación de esos valores no se puede ejecutar empleando medios lícitos, si se intenta defraudar los derechos e intereses del censualista, porque de todo traspaso o transmisión de dominio ha de tener este conocimiento, han procedido a destruir dichas fincas de un modo disimulado unas veces, i otras sin ningún escrúpulo, descargando los techos, derribando paredes, o desprendiendo puertas i ventanas para vender las tejas, ladrillos, vigas, pares, &, &; de suerte que se enajenan en detal las propiedades sin que los administradores i censualistas se aperciban de esas operaciones”.
Y los problemas presupuestales no tuvieron una solución definitiva pese a que desde mediados del siglo XIX al producto de los réditos se agregaron las utilidades por concepto del arriendo de unos pocos inmuebles propiedad de la Universidad y los intereses que debía producir los bonos de deuda pública expedidos por el Gobierno nacional. En efecto, la Universidad era propietaria de cinco inmuebles: la casa que había sido del Hospital San Juan de Dios y luego sede del Colegio Seminario San Carlos Borromeo, una casa alta arruinada en la Calle Larga, una casa baja arruinada en la Calle Tumba Muertos de San Diego y dos solares en el barrio Santa Catalina y en Getsemaní. El valor total de estos bienes se calculó en 21.000 pesos y sus arriendos apenas producían 46 pesos al año. Y la Universidad también poseía bonos de deuda pública emitidos por el Gobierno nacional por un valor de 20.300 pesos que debían producirle ganancias anuales, pero de los que no se recibía nada.
Una detallada información elaborada en 1867 por José Manuel Royo, rector de la institución, permite conocer que se habían inventariado 96 inmuebles urbanos y rurales que estaban grabados con censos y capellanías con un capital total de casi 60.000 pesos, los que debían producir 3.000 pesos de réditos anuales, pero que los recaudos apenas oscilaban entre 1.500 y 2.000 pesos.
La situación financiera se agravaba debido a que no se tenía conocimiento detallado de la totalidad de los bienes que debían tributar a la Universidad, pues archivos eclesiásticos y notariales en repetidas ocasiones desaparecieron debido a los ataques de los insectos xilófagos, de las inclemencias del clima y por la desidia administrativa. En la catedral reposaba un libro becerro en el que se registraban los bienes que estaban bajo censos y capellanías pues los sacerdotes que se beneficiaban tenían que dar una parte de sus ingresos para el sostenimiento de los jerarcas prebendados del Cabildo eclesiástico. Y la iglesia fue reacia a permitir que las autoridades ordinarias tuvieran acceso a esta información.
Por eso la Universidad, como directa beneficiaria, tuvo que designar un síndico que debía encargarse de llevar la contabilidad, descubrir bienes ocultos y cobrar los réditos producidos por los inmuebles que estaban bajo las mencionadas condiciones.
Crisis bajo la hegemonía de Juan José Nieto y posterior resurgimiento de la Universidad
La única ayuda que recibió la Universidad de Cartagena de parte del Gobierno nacional fue lo asignado para el mantenimiento de la Escuela Náutica. Y de 1859 en adelante se le incluyó en el presupuesto del Estado de Bolívar, debido a la política de descentralización fiscal que se adoptó en todo el país bajo en régimen federal. Pero como paradoja digna de resaltarse el tránsito entre los años de 1850 y 1860 que se corresponden con la hegemonía de Juan José Nieto, fueron los más difíciles para la Universidad debido a la larga guerra de 1859 a 1863, a la política de desamortización de bienes de manos muertas y a la crisis de la ciudad y a la desatención gubernamental.
Los informes de los rectores de esos años pintaban un panorama sombrío: edificio en ruinas, retiro de los estudiantes, falta de dineros para invertir en la institución, desconfianzas de los padres de familias de otras poblaciones para enviar a sus hijos a la Universidad, toma de las instalaciones para acuartelamiento de tropas… todo fue sombrío, excepto la medida de restablecer el título de profesional universitario previo cursar estudios en la Universidad.
Caída en desgracia la facción de los seguidores de Juan José Nieto, los gobiernos que le siguieron realizaron esfuerzos para recuperar a la Universidad. Entre 1863 y 1867 las instalaciones fueron reparadas y se empezó una política de becas (2 estudiantes becados por cada provincia para un total de 20). Entre 1861 y 1870 el promedio de estudiantes fue de 67. Entre 1871 y 1880 fue de 71. Entre 1881 y 1890 fue de 158.
Los aportes presupuestales que recibía del gobierno regional estaban destinados a gastos de funcionamiento (sueldos, gastos de manutención de becados) y poco o nada quedaba para inversión en arreglos de las instalaciones, ni para laboratorios de física, matemáticas y el anfiteatro de medicina.
Estas situaciones en parte empezaron a corregirse durante los gobiernos regeneradores de finales del siglo XIX. Durante estos años se realizaron transformaciones en la planta física de la Universidad y se dotaron los gabinetes de física y matemática y la Facultad de Medicina fue dotada de un anfiteatro construido en el Hospital de la Caridad (Claustro de Santa Clara)
Nota: Las fotografías que acompañan este texto fueron tomadas de Historia para conocer y recordar Tomo I/ La Mulata de Ojos Grises, del Dr. Álvaro Monterrosa Castro M.D.
Interesante historia, que bueno conocer por este medio las dificultades presupuestales por la que ha pasado la U de C., .
Excelente trabajo de la Plaza Digital y su director Eduardo García Martinez