Soy un convencido de que a Colombia le hace falta un presidente con verdadera vocación de servicio hacia los sectores históricamente excluidos y olvidados del territorio nacional. Un presidente con voluntad revolucionaria, con la decisión política de impulsar transformaciones sociales profundas, sólidas y permanentes en el tiempo.
Pero, sobre todo, un presidente capaz de romper de manera frontal con las estructuras de corrupción que han carcomido al Estado colombiano durante décadas. En este último aspecto han fracasado tanto los gobiernos tradicionales de derecha como el único gobierno de izquierda que ha tenido el país. Hay que reconocerlo con honestidad intelectual.
Por ello considero que Iván Cepeda Castro representa hoy una de las pocas posibilidades reales de impulsar reformas estructurales del Estado colombiano. Y si llegara a la Presidencia, tendría una oportunidad histórica que no puede desperdiciar.
La necesidad de una transformación estructural del Estado
Después de múltiples estudios y observaciones sobre el funcionamiento institucional colombiano, resulta evidente que la clásica división tripartita del poder ha terminado desdibujada por la politización de todas las ramas del poder público.
La denominada “independencia judicial” ha sido más un ideal teórico que una realidad material. No puede existir una verdadera independencia cuando las altas cortes ejercen funciones eminentemente políticas, participan indirectamente en repartos burocráticos y terminan incidiendo en disputas de poder ajenas a la administración de justicia.
Las altas cortes deben concentrarse exclusivamente en administrar justicia. Las funciones políticas que hoy ejercen deben ser eliminadas para evitar la deformación institucional del Estado.
Todo Estado moderno requiere un Presidente con capacidad de administrar sin concesiones políticas frente a otras ramas del poder público, garantizando equilibrio, pero también eficacia institucional.
La urgente transformación de la Fiscalía General de la Nación
Uno de los mayores problemas del sistema colombiano radica en la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General se ha convertido, en la práctica, en una figura con enorme poder político y escasos controles efectivos. Su autonomía institucional, sin mecanismos reales de evaluación por resultados, ha generado una entidad lenta, burocrática y muchas veces incapaz de mostrar avances concretos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Es necesario transformar profundamente el sistema de elección del Fiscal General y redefinir su naturaleza institucional. La Fiscalía debe dejar de concebirse como una estructura aislada del diseño general de las políticas públicas del Estado.
La política criminal debe responder a objetivos nacionales claros, verificables y sujetos a resultados. No puede seguir funcionando como un poder autónomo sin responsabilidad política ni eficacia social.
Reforma del Congreso y reducción del aparato estatal
Colombia requiere un Congreso más pequeño, más eficiente y verdaderamente comprometido con su función constitucional de legislar.
La reducción del número de congresistas permitiría mayor dinamismo legislativo, menor gasto público y mejores niveles de control político y ciudadano.
Igualmente, resulta indispensable reorganizar varias entidades públicas que hoy duplican funciones, generan burocracia innecesaria y ralentizan el funcionamiento estatal.
Propuestas de reorganización institucional.
Entre las reformas que deberían impulsarse se encuentran:
- Transformar a los procuradores judiciales penales de la Procuraduría General de la Nación en fiscales especializados según sus competencias, unificando capacidades institucionales y reduciendo duplicidades administrativas.
- Eliminar las personerías municipales y trasladar sus funciones a la Procuraduría, fortaleciendo así un sistema disciplinario más técnico y menos politizado.
- Transformar las comisarías de familia en verdaderos juzgados de familia de menor cuantía, con capacidad jurisdiccional efectiva y mayor agilidad en la protección de derechos.
- Eliminar las contralorías territoriales y concentrar el control fiscal en una estructura nacional organizada por competencias y cuantías, evitando así redes locales de clientelismo político.
Servicios públicos y fortalecimiento del Estado social.
El Estado debe recuperar el control estratégico de los servicios públicos domiciliarios. No puede seguir delegando completamente funciones esenciales a intereses particulares mientras millones de ciudadanos padecen deficiencias estructurales en agua, energía y saneamiento básico.
Asimismo, debe fortalecerse la carrera administrativa y garantizar que todos los servidores públicos ingresen y permanezcan por mérito y capacidad, no por favores políticos.
La discusión pendiente sobre la droga
Colombia debe asumir con seriedad el debate sobre la despenalización y regulación estatal de las drogas.
Durante décadas este negocio ilícito ha enriquecido a estructuras criminales y a sectores privados, mientras el Estado ha puesto los muertos y la violencia.
Si existe un mercado multimillonario imposible de erradicar mediante la represión, corresponde al Estado regularlo, controlarlo y convertirlo en una fuente de recursos públicos para financiar derechos sociales, educación, salud y desarrollo regional.
La discusión no puede seguir siendo moralista ni hipócrita. Debe abordarse desde la realidad económica, social y política del país.
Conclusión
Colombia necesita menos discursos y más transformaciones estructurales reales.
Necesita instituciones eficientes, un Estado menos burocrático y una política pública enfocada verdaderamente en la justicia social, la transparencia y la igualdad.
Si Iván Cepeda Castro decide asumir ese reto histórico, tendrá la responsabilidad de impulsar una reforma profunda del Estado colombiano, sin temores, sin concesiones y con verdadero compromiso democrático.
